Durante meses se han ido acumulando tensiones en México en torno a los planes para replantear ampliamente el poder judicial, lo que ha creado tensión en los vínculos diplomáticos con Estados Unidos y conmocionado al sistema político.
Esta semana, las tensiones han estallado de manera abierta.
El presidente de México dijo el martes que su gobierno estaba poniendo “pausa” a las relaciones con Estados Unidos en respuesta a las críticas del embajador de EE. UU. en torno a la última cruzada de su sexenio presidencial.
“Ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a hacer respetuosos de la independencia de México”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina. “Mientras no haya eso y sigan con esa política, hay pausa con la embajada”.
“Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo”, añadió López Obrador, y dijo que también se extendería al Departamento de Estado de EE. UU. También afirmó que las relaciones entre México y Estados Unidos no se verían afectadas.
La embajada de EE. UU. en México no respondió inicialmente a un pedido de comentarios.
La medida del presidente mexicano respecto a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos sucede luego de que la semana pasada, el embajador estadounidense, Ken Salazar, calificó las propuestas de cambios al poder judicial como “un riesgo de importancia para el funcionamiento de la democracia de México”. Salazar afirmó que las medidas podrían poner en riesgo la relación comercial con EE. UU. al erosionar la confianza en el marco legal de México y al envalentonar a los cárteles de la droga para que “se aprovecharan de jueces inexpertos y con motivaciones políticas”.
La nueva legislatura de México podría empezar a votar la próxima semana sobre los cambios propuestos por López Obrador. Si se aprueban, todo el poder judicial pasaría de un sistema de nombramiento basado en gran medida en la formación y las cualificaciones especializadas a uno en el que prácticamente cualquier persona con una licenciatura en derecho y algunos años de experiencia podría presentarse a elecciones para convertirse en juez.
La medida podría obligar a más de 5000 jueces a abandonar sus puestos, desde los integrantes de la Corte Suprema hasta los de los tribunales de distrito locales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la modificación es necesaria para evitar la corrupción y las sentencias que permiten que los narcotraficantes salgan libres. Pero otros, citando el aluvión de ataques del presidente contra los jueces que han fallado en contra de algunos de sus planes, dicen que las medidas equivalen a un pretexto apenas velado para erosionar la independencia judicial y aumentar el poder del movimiento político nacionalista de López Obrador.
“Este presidente no cree que los jueces tengan la legitimidad para desafiarlo”, dijo Ana Laura Magaloni, una de las juristas más importantes de México. “Nunca ha habido un presidente tan poderoso en su último mes”, añadió, señalando cómo la aprobación de las iniciativas de López Obrador para el sistema judicial, alguna vez estancada, ahora está a su alcance.